NULIDAD DE CLÁUSULAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO NÚMERO 566/2019 DE 25 DE OCTUBRE DE 2019

 

Resumen: Condiciones generales de la contratación. Acción colectiva. Legitimación activa: interpretación art. 11 LEC. Contratos bancarios. Comisión de reclamación de posiciones deudoras. Abusividad. CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL/725/2017 1 CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 725/2017 Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres.

 

“[…]FUNDAMENTOS DE DERECHO

[…]CUARTO.- Primer motivo de casación. La comisión por reclamación de posiciones deudoras como indemnización por incumplimiento Planteamiento:

1.- El primer motivo de casación denuncia la infracción de los arts. 1101 y 1255 CC y de la jurisprudencia de esta sala contenida en las sentencias 473/2001, de 10 de mayo, y 869/2001, de 2 de octubre. 2.- En el desarrollo del motivo, argumenta la parte recurrente, de manera resumida, que la declaración de abusividad de la cláusula litigiosa supone eximir de responsabilidad al deudor incumplidor por la producción de determinados daños (los originados por la reclamación) a la acreedora, y deja sin efecto un pacto libremente asumido.

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL/725/2017 10 Decisión de la Sala:

1.- La normativa bancaria sobre comisiones está constituida, básicamente, por la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, por la Circular 5/2012 del Banco de España de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicio de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, y por la Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago, que regula la transparencia de los servicios de pago sujetos a la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.

2.- Conforme a esta normativa, para que las entidades puedan cobrar comisiones a sus clientes deben cumplirse dos requisitos: que retribuyan un servicio real prestado al cliente y que los gastos del servicio se hayan realizado efectivamente. Bajo estas dos premisas, las entidades bancarias no pueden cobrar por servicios que no hayan solicitado o aceptado los clientes, que deberán haber sido informados personalmente y por anticipado del importe que van a tener que pagar por ese servicio. Según el Banco de España (Memoria del Servicio de Reclamaciones de 2009), la comisión por reclamación de posiciones deudoras compensa a la entidad por las gestiones efectivas realizadas para recuperar la deuda impagada por su cliente; debe estar recogida en el contrato; y para que sea acorde con las buenas prácticas bancarias debe reunir los siguientes requisitos mínimos: (i) el devengo de la comisión está vinculado a la existencia de gestiones efectivas de reclamación realizadas ante el cliente deudor; (ii) la comisión no puede reiterarse en la reclamación de un mismo saldo por gestiones adicionales realizadas por la entidad con el mismo fin, ni siquiera cuando, en el caso de impago en el tiempo, este se prolonga en sucesivas liquidaciones; (iii) su cuantía debe de ser única, no admitiéndose tarifas porcentuales; (iv) no puede aplicarse de manera automática.

3.- Si contrastamos la cláusula controvertida con dichas exigencias, se comprueba que, como mínimo, no reúne dos de los requisitos, pues prevé que podrá reiterarse y se plantea como una reclamación automática…además, no discrimina periodos de mora, de modo que basta la inefectividad de la cuota en la fecha de pago prevista para que, además de los intereses moratorios, se produzca el devengo de una comisión. Tal como está redactada, tampoco identifica qué tipo de gestión se va a llevar a cabo (lo deja para un momento posterior), por lo que no cabe deducir que ello generará un gasto efectivo (no es igual requerir in situ al cliente que se persona en la oficina para otra gestión, que hacer una simple llamada de teléfono, que enviarle una carta por correo certificado con acuse de recibo o un burofax, o hacerle un requerimiento notarial).

4.- En la STJUE de 3 de octubre de 2019 (asunto C-621/17, Gyula Kiss), el Tribunal ha declarado que, aunque el prestamista no está obligado a precisar en el contrato la naturaleza de todos los servicios proporcionados como contrapartida de los gastos previstos en una o varias cláusulas contractuales: «No obstante, habida cuenta de la protección que la Directiva 93/13 pretende conceder al consumidor por el hecho de encontrarse en una situación de inferioridad con respecto al profesional, tanto en lo que respecta a la capacidad de negociación como al nivel de información, es importante que la naturaleza de los servicios efectivamente proporcionados pueda razonablemente entenderse o deducirse del contrato en su conjunto. Además, el consumidor debe poder comprobar que no hay solapamiento entre los distintos gastos o entre los servicios que aquellos retribuyen». A su vez, la STJUE de 26 de febrero de 2015 (asunto C-143/13, Matei), referida –entre otras– a una denominada «comisión de riesgo», declaró que una cláusula que permite, sin contrapartida, la retribución del simple riesgo del préstamo, que ya está cubierto por las consecuencias legales y contractuales del impago, puede resultar abusiva. Precisamente la indeterminación a la que hemos hecho referencia es la que genera la abusividad, puesto que supondría, sin más, sumar a los intereses de demora otra cantidad a modo de sanción por el mismo concepto, con infracción de lo previsto en los arts. 85.6 TRLGCU (indemnizaciones desproporcionadas) y 87.5 TRLGCU (cobro de servicios no prestados). Además, una cláusula como la enjuiciada contiene una alteración de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, pues debería ser el Banco quien probara la realidad de la gestión y su precio, pero, con la cláusula, se traslada al consumidor la obligación de probar o que no ha habido gestión, o que no ha tenido el coste fijado en el contrato, o ambas circunstancias. Lo que también podría incurrir en la prohibición prevista en el art. 88.2 TRLGCU…

6.- La declaración de abusividad, al ser un efecto previsto en la Ley, no puede suponer infracción de los arts. 1101 y 1255 CC. Ni la interpretación que hace la Audiencia Provincial tampoco los infringe. Respecto del art. 1255 CC, el carácter de condición general de la contratación de la cláusula controvertida excluye su aplicación, puesto que la autonomía de la voluntad del cliente se reduce a la decisión de contratar o no, pero carece de capacidad para excluir negociadamente una cláusula predispuesta e impuesta. En cuanto al art. 1101 CC, la mora del deudor generará los correspondientes intereses moratorios, al tratarse de deuda dineraria, pero la comisión no se incluye en dicha previsión legal, puesto que no retribuye la simple morosidad, ya que en tal caso sería redundante con los intereses de demora (produciéndose el solapamiento que hemos visto que el TJUE considera ilícito), sino unos servicios que hay que justificar.

7.- Y las sentencias de esta sala que se dicen infringidas, nada tienen que ver con el problema litigioso. La sentencia 473/2001, de 10 de mayo, trató sobre una cláusula penal en un contrato de arrendamiento de obra. Y la sentencia 869/2001, de 2 de octubre, sobre intereses usurarios. Por lo que difícilmente pudieron ser desconocidas o vulneradas por la Audiencia Provincial. 8.- Como consecuencia de todo ello, en los términos en que ha sido planteado, este primer motivo de casación debe ser desestimado…”

 

Tal y como señala la Sentencia del Tribunal Supremo, número 566/2019, de 25 de octubre de 2019 las cláusulas de condiciones generales de la contratación de posiciones deudoras (entendiéndose por estas las que se incluyen en contratos de préstamo para obtener un resarcimiento por los costes generados para la Entidad Bancaria como consecuencia de la falta de amortización de alguna cuota de un préstamo) deben considerarse nulas al implicar una doble indemnización por el concepto de demora:

 

1.- La indemnización que supone la cláusula de posiciones deudoras

2.- Y los daños y perjuicios que conlleva la mora propiamente dicha (artículo 25 LRCCI) contraviniéndose lo establecido en los artículos 85.6, 87.5 y 88.2 del TRLGDCU

 

 

De esta forma, queda ampara legalmente la posibilidad de reclamar no sólo la nulidad de cláusulas suelo o intereses de demora sino también las de posiciones deudoras, del mismo modo que es posible exigir a las Entidades Bancarias los gastos hipotecarios tal y como se explicará en el siguiente post. 

Horario de atención

Tel:  923 28 11 20

Fax: 923 21 37 77

De lunes a Jueves:

10:00 a 14:00 / 17:00 a 19:00

Viernes:

10:00 a 14:00

NOTICIAS JURIDICAS

UN MAGISTRADO SUSPENDE EL PAGO DEL ALQUILER DE UNA DISCOTECA Y CUANDO VUELVA A FUNCIONAR LO REDUCE A UN 50 %

 

 

El magistrado Carlos Ceballos Norte, titular del Juzgado de Primera Instancia 81 de Madrid, ha dictado un auto de medidas cautelares, aplicando la «rebus sic stantibus«, por la que ha acordado suspender el pago del alquiler del local de una céntrica discoteca del centro de Madrid hasta que vuelva a permitirse su reapertura.

 

 

Fuente: El confidencial (24 de noviembre de 2020)

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AVALA LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA, EXCEPTO LA PROHIBICIÓN DE GRABAR POLICÍAS SIN AUTORIZACIÓN.

 

El Tribunal Constitucional ha avalado la legalidad de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana de 2015, salvo las grabaciones no autorizadas a las fuerzas de seguridad del Estado, que ha declarado inconstitucional por incurrir en "censura" por parte del Estado. 

 

 

Fuente: Noticiasjurídicas.com (19 de noviembre de 2020)